Por Enzo Kfouri y Felipe Cereser
Cuando Petronila, la reina de Aragón, se casó con Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona, en 1150, la pareja no imaginaba toda la polémica por la que iría pasar. La unión creó una dinastía y les dejó a los hijos de la pareja todo el territorio que hoy corresponde a las regiones de Aragón y Cataluña como herencia. La disposición duró siglos, hasta la Guerra de Sucesión, que acabó con la derrota de Valencia en 1707 y de Cataluña en 1714, lo que dio origen a España de los días de hoy.
Los reyes que asumieron el poder intentaron, en los años después del conflicto, imponer el castellano y las leyes españolas a la región, pero abandonaron sus tentativas en 1931, cuando la Generalitat, el gobierno nacional de Cataluña, fue restaurada. En 1936, con la toma del poder por el dictador Francisco Franco, el separatismo catalán se sofocó aun más. Dos años más tarde, las fuerzas del general asumieron el control de la región después de una batalla que mató 3.500 personas y llevó muchas otras al exilio. La región solo retomó su autonomía en 1977, con el retorno de la democracia en el país.
Con el paso de los años, Cataluña se convirtió en el corazón industrial de la nación española, tanto por el poder de sus puertos (lo que representa una cuarta parte de las ventas del país al extranjero), y comercios textiles y agroalimentarios, como finanzas, servicios y empresas de alta tecnología, lo que la convierte, por lo tanto, en la región más rica del país, responsable por el 19% del PIB. Además, Cataluña cuenta con las mejores universidades de España, representa casi el 20% de toda la fabricación nacional de vehículos, concentra la mitad de toda la producción química española, lidera el turismo, sin contar su tasa de desempleo que es mucho menor que la del resto del país.
Todo eso hace que la independencia sea aun más difícil, una vez que el gobierno español no se muestra interesado en perder una región tan importante para el país. Otra cuestión que perjudica el deseo por la libertad es la deuda pública. En valor absoluto, Cataluña es la región más endeudada, con 75.400 millones de euros en préstamos a ser pagados, según datos de inicio de 2017. Así, muchos creen que una Cataluña independiente y fuera de la Unión Europea podría significar una caída de hasta un 30% del PIB de la región y una duplicación del desempleo.
La causa separatista se muestra más que una cuestión económica para los catalanes. Es un movimiento cultural. Muchos hablan de la existencia de un catalanismo, una necesidad de los ciudadanos de ser diferentes del resto del país y exaltar sus costumbres, leyendas y fiestas propias para el resto del mundo. La mayor parte de la población habla el catalán, una lengua propia, que no es derivada del español y que es la oficial, junto con el castellano. Desde el fin del régimen dictatorial de Franco, en 1975, el idioma es utilizado en la política, educación y en la prensa. En las calles y estaciones de metro se lee el catalán siempre en primer lugar. El catalán es hablado por 10 millones de personas en Cataluña, Valencia (dialecto valenciano), Islas Baleares y en la ciudad italiana de Alguer (Sardeña).
En 2006, el gobierno de España aprobó el estatuto de autonomía de Cataluña, que decía que la Generalitat tenía más poder sobre las decisiones envolviendo cobros de impuestos, cuestiones judiciales y de inmigración. Sin embargo, en 2010, el decreto fue suspendido por el Tribunal Constitucional Nacional. Aun así, la región sigue teniendo una autonomía dentro de la política nacional. La constitución española, aprobada por el 90% de los electores catalanes en 1978, se refiere a Cataluña como “nacionalidad histórica”, además de reconocer su derecho a la autonomía.
En octubre de 2017, mediante un referéndum organizado por la Generalitat con los habitantes de la región, la independencia de Cataluña fue aprobada por el 90% de aquellos que votaron (solo el 43% del electorado). El episodio fue duramente criticado por el gobierno español y reprimido por la policía del país (se estima que la policía dejó a casi 900 heridos). Después del referéndum, el líder catalán Carles Puigdemont suspendió la declaración de independencia y defendió la apertura de un proceso de diálogo con el gobierno español. Sin embargo, el político afirmó que si España se niega a negociar, la región va a declarar independencia y convertirse en un país autónomo.
La situación llevó el caso al Senado español que, sobre la base del artículo 155 de la Constitución, aprobó una intervención estatal en Cataluña. Incluso con miles de manifestantes en las calles, el gobierno local fue destituido y sus líderes se refugiaron en Bélgica. Los hombres de confianza del gobierno catalán, que permanecieron en España, fueron encarcelados.
Más tarde, en territorio alemán, Carles Puigdemont fue arrestado por la policía local y llevado a la justicia española tras el fallo de la activación de orden de prisión europea contra él. Con el pago de fianza, el líder catalán fue liberado. En mayo, Quim Torra fue elegido el nuevo presidente de Cataluña. Él asumió el cargo sin mencionar la Constitución española ni el rey Felipe VI, como de costumbre.
Así se puede decir que la cuestión de la independencia catalana es mucho más compleja de lo que parece, involucra diferencias culturales, sociales y económicas entre la región autónoma y el resto del país.
Los reyes que asumieron el poder intentaron, en los años después del conflicto, imponer el castellano y las leyes españolas a la región, pero abandonaron sus tentativas en 1931, cuando la Generalitat, el gobierno nacional de Cataluña, fue restaurada. En 1936, con la toma del poder por el dictador Francisco Franco, el separatismo catalán se sofocó aun más. Dos años más tarde, las fuerzas del general asumieron el control de la región después de una batalla que mató 3.500 personas y llevó muchas otras al exilio. La región solo retomó su autonomía en 1977, con el retorno de la democracia en el país.
Con el paso de los años, Cataluña se convirtió en el corazón industrial de la nación española, tanto por el poder de sus puertos (lo que representa una cuarta parte de las ventas del país al extranjero), y comercios textiles y agroalimentarios, como finanzas, servicios y empresas de alta tecnología, lo que la convierte, por lo tanto, en la región más rica del país, responsable por el 19% del PIB. Además, Cataluña cuenta con las mejores universidades de España, representa casi el 20% de toda la fabricación nacional de vehículos, concentra la mitad de toda la producción química española, lidera el turismo, sin contar su tasa de desempleo que es mucho menor que la del resto del país.
Todo eso hace que la independencia sea aun más difícil, una vez que el gobierno español no se muestra interesado en perder una región tan importante para el país. Otra cuestión que perjudica el deseo por la libertad es la deuda pública. En valor absoluto, Cataluña es la región más endeudada, con 75.400 millones de euros en préstamos a ser pagados, según datos de inicio de 2017. Así, muchos creen que una Cataluña independiente y fuera de la Unión Europea podría significar una caída de hasta un 30% del PIB de la región y una duplicación del desempleo.
La causa separatista se muestra más que una cuestión económica para los catalanes. Es un movimiento cultural. Muchos hablan de la existencia de un catalanismo, una necesidad de los ciudadanos de ser diferentes del resto del país y exaltar sus costumbres, leyendas y fiestas propias para el resto del mundo. La mayor parte de la población habla el catalán, una lengua propia, que no es derivada del español y que es la oficial, junto con el castellano. Desde el fin del régimen dictatorial de Franco, en 1975, el idioma es utilizado en la política, educación y en la prensa. En las calles y estaciones de metro se lee el catalán siempre en primer lugar. El catalán es hablado por 10 millones de personas en Cataluña, Valencia (dialecto valenciano), Islas Baleares y en la ciudad italiana de Alguer (Sardeña).
En 2006, el gobierno de España aprobó el estatuto de autonomía de Cataluña, que decía que la Generalitat tenía más poder sobre las decisiones envolviendo cobros de impuestos, cuestiones judiciales y de inmigración. Sin embargo, en 2010, el decreto fue suspendido por el Tribunal Constitucional Nacional. Aun así, la región sigue teniendo una autonomía dentro de la política nacional. La constitución española, aprobada por el 90% de los electores catalanes en 1978, se refiere a Cataluña como “nacionalidad histórica”, además de reconocer su derecho a la autonomía.
En octubre de 2017, mediante un referéndum organizado por la Generalitat con los habitantes de la región, la independencia de Cataluña fue aprobada por el 90% de aquellos que votaron (solo el 43% del electorado). El episodio fue duramente criticado por el gobierno español y reprimido por la policía del país (se estima que la policía dejó a casi 900 heridos). Después del referéndum, el líder catalán Carles Puigdemont suspendió la declaración de independencia y defendió la apertura de un proceso de diálogo con el gobierno español. Sin embargo, el político afirmó que si España se niega a negociar, la región va a declarar independencia y convertirse en un país autónomo.
La situación llevó el caso al Senado español que, sobre la base del artículo 155 de la Constitución, aprobó una intervención estatal en Cataluña. Incluso con miles de manifestantes en las calles, el gobierno local fue destituido y sus líderes se refugiaron en Bélgica. Los hombres de confianza del gobierno catalán, que permanecieron en España, fueron encarcelados.
Más tarde, en territorio alemán, Carles Puigdemont fue arrestado por la policía local y llevado a la justicia española tras el fallo de la activación de orden de prisión europea contra él. Con el pago de fianza, el líder catalán fue liberado. En mayo, Quim Torra fue elegido el nuevo presidente de Cataluña. Él asumió el cargo sin mencionar la Constitución española ni el rey Felipe VI, como de costumbre.
Así se puede decir que la cuestión de la independencia catalana es mucho más compleja de lo que parece, involucra diferencias culturales, sociales y económicas entre la región autónoma y el resto del país.
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